¿Por qué no va a "resucitar" la Tauromaquia en Colombia ahora que ya no manda "Petro"?

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Como aficionado, la respuesta jurídica e institucional más realista que podemos darte.... lamentablemente, es que ya no habría marcha atrás para salvar las corridas de toros en Colombia en su formato tradicional, dado que la prohibición, en principio, es definitiva a nivel constitucional.

A continuación, detallamos el panorama legal y los poquísimos matices técnicos que quedan:

1. - El «blindaje» 

de la prohibición definitiva

La Ley 2385 de 2024 (conocida como "No Más Olé") ordenó la prohibición total de las corridas de toros, novilladas, becerradas, tientas y el rejoneo en todo el territorio nacional colombiano. 

El golpe definitivo para el sector taurino ocurrió en septiembre de 2025, cuando la Corte Constitucional de Colombia declaró la ley ajustada a la Constitución, de forma unánime. 

Al ser un fallo del máximo tribunal, no existen recursos legales ordinarios para revertirlo. 

La fecha del fin definitivo está fijada para el 22 de julio de 2027.2. 

2.- ¿Y cual es, mientras tanto, el escenario actual? : Las llamadas corridas incruentas.

Mientras llega el límite de 2027, el Gobierno de los «Petros» y demás fundamentalistas antitaurinos,  reglamentó el período de transición mediante el Decreto 0703 de 2026, imponiendo -para mayor escarnio- condiciones extremas que desnaturalizan la lidia tradicional : Carácter incruento : Está estrictamente prohibido el uso de puyas, banderillas, espadas y cualquier elemento cortopunzante o eléctrico. El toro no puede morir en la plaza.

Restricciones de edad y dinero : No se permite la entrada ni la participación de menores de 18 años, y está prohibido el uso de recursos públicos para estos eventos taurinos del tiempo de transición, hasta la prohibición total del 22 de Julio venidero....

3.- ¿Hay alguna ventana legal abierta para los taurinos?

La única batalla jurídica activa no busca salvar la tauromaquia a largo plazo, sino mitigar las restricciones del actual período de transición. Representantes del sector taurino radicaron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando tumbar el Decreto 0703, argumentando que el Gobierno abusó de sus facultades al prohibir las banderillas y la estocada antes de 2027.

Si el Consejo de Estado les da la razón, el único beneficio para la afición sería que en las pocas ferias que se puedan realizar de aquí a julio de 2027 (como Manizales o Cali) se pudieran usar banderillas o matar al toro en el ruedo. 

Sin embargo, esto no frena la prohibición total e irreversible de las corridas de toros, prohibición absoluta que iniciará en julio de 2027.

4.- ¿Pero no se podría hacer una ley que permita las corridas en Colombia, del mismo modo que se hizo otra que las prohibe...?

A largo plazo, la única alternativa teórica para que los toros regresaran a Colombia requeriría un cambio político drástico en el futuro: que un nuevo Congreso aprobara una ley completamente nueva a partir de 2027 y que una futura conformación de la Corte Constitucional cambiara su propia jurisprudencia, un escenario política y jurídicamente muy poco probable en el corto y mediano plazo.

Pero... ¿realmente no 

es posible que con el nuevo presidente de Colombia en el poder, 

se haga algo que permita que lo que se prohibió deje de estar prohibido?

El presidente por sí solo no tiene la facultad legal ni el poder constitucional para anular una ley de la República, por lo que la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al poder no cambia automáticamente el destino de las corridas de toros en Colombia.

Para que lo prohibido deje de estar prohibido en Colombia, se necesitaría un proceso institucional sumamente complejo que va mucho más allá de la voluntad del mandatario. Esto se debe a los siguientes frenos legales:

1. El principio de separación de poderes : En Colombia, el presidente pertenece a la rama ejecutiva. Él puede expedir decretos o reglamentar leyes existentes, pero no puede derogar ni borrar una ley aprobada por el Congreso. 

La Ley 2385 de 2024 (Llamada "No Más Olé" por los antitaurinos que la promovieron) es una norma de rango legal. La única manera de tumbarla mediante el poder político sería que el propio Congreso de la República (rama legislativa) debatiera, votara y aprobara una nueva ley que revoque expresamente la prohibición.

2. El obstáculo que parece insalvable : La Corte Constitucional

Incluso en el escenario hipotético de que el nuevo gobierno lograra mayorías en el Congreso y aprobara una nueva ley a favor de los toros, esa norma se estrellaría de inmediato contra la actual Corte Constitucional.

Como la Corte ya emitió un fallo «definitivo» en septiembre de 2025 declarando que las corridas son contrarias al mandato constitucional de protección animal, cualquier nueva ley que intente revivir la tauromaquia tradicional sería declarada inconstitucional de forma casi automática por el Tribunal constitucional. La jurisprudencia de la Corte ata de manos tanto al presidente como al Congreso, pues determina que «los animales son seres sintientes» y que el Estado tiene el deber de avanzar en su protección, prohibiendo retroceder en los logros alcanzados en materia de bienestar animal.

¿Qué es lo único 

que el Presidente sí 

podría modificar?

Lo único que está bajo el control directo de la rama ejecutiva (el presidente y sus ministros) es el Decreto 0703 de 2026, el cual reglamenta el periodo de transición. Lo que podría hacer : El nuevo gobierno tiene la facultad técnica de modificar este decreto de transición para suavizar las restricciones actuales. Podría, por ejemplo, intentar permitir de nuevo el uso de banderillas o la estocada en las plazas de toros durante los meses que quedan antes del límite final.

El límite real : Cualquier cambio que haga el Ejecutivo mediante decreto solo tendría vigencia hasta el 22 de julio de 2027. A partir de ese día, la ley entra en vigencia absoluta y, sin importar lo que diga un decreto presidencial, las corridas quedarán totalmente prohibidas en el país.

En conclusión, para la afición taurina, la llegada de un nuevo gobierno de corte diferente al poder en Colombia, no parece que represente una vía jurídica viable para salvar la fiesta brava a largo plazo, ya que las bases de la prohibición quedaron firmemente blindadas por la Constitución colombiana, tras la maniobra de los políticos antitaurinos, afectos al gobernante entonces presidente Petro y otros sectores afines, quienes aprovecharon el momento político adecuado para sacar adelante un proceso legislativo que ha dado una estocada que parece mortal, a la Fiesta de los Toros en el país americano.

Lo sucedido en Colombia es ejemplo de lo que sucederá en otros países, a nada que a los gobernantes o quienes tengan una mayoría parlamentaria, se les antoje... La Fiesta de los Toros, allá donde no esté «blindada», es peligrosamente objeto de deseo para prohibirla, a nada que se descuiden sus defensores

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